Pescadores de caleta Puerto Manso enfrentan demanda por desalojo

La inmobiliaria Agua Dulce S.A. demandó a dos pescadores artesanales de la caleta Puerto Manso, ubicada en la comuna de Canela, contra quienes pide el desalojo de sus viviendas que, acusan, estarían en la propiedad de la inmobiliaria.

La causa, que se tramita en el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, acusa el delito de usurpación no violenta (art. 458 del Código Penal). Los querellados son pescadores artesanales pertenecientes a una comunidad con presencia y faenas históricas en ese territorio, utilizado durante décadas para labores productivas, resguardo de equipos y actividades comunitarias, muy anteriores a la llegada de la inmobiliaria.

A esta disputa se suma el problema del acceso a la caleta. Si bien la Resolución Exenta N°215 de 1985 del Ministerio de Bienes Nacionales autorizaba el ingreso de los pescadores, el propio Ministerio informó recientemente, en respuesta a un oficio de la diputada Nathalie Castillo, que dicho acceso atraviesa un terreno privado y, por lo mismo, no constituye un bien nacional de uso público.

El origen del conflicto administrativo radica en que aquella resolución fue solo una autorización temporal y no una servidumbre legalmente constituida. Nunca se realizó el procedimiento de inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces que habría otorgado carácter permanente y obligaciones explícitas al propietario del terreno.

Este miércoles en el Tribunal de Los Vilos se realizó una audiencia donde la empresa buscaba que se decretara el desalojo, lo cual no se materializó, a la espera de un recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa de los pescadores.

Magda Valencia, presidenta del sindicato de pescadores de Puerto Manso, destacó que como agrupación se encuentran unidos por la que consideran una demanda injusta. “La inmobiliaria Agua Dulce denuncian la ocupación no violenta de unos terrenos que históricamente les han pertenecido a nuestra caleta. Frente a eso, nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas instancias por defender y recuperar nuestros espacios, y también solicitamos al gobierno que se haga parte de esto, que nos ayude respecto a las tramitaciones, en cuanto a la destinación de nuestra caleta, a dilucidar el asunto de nuestro camino, ya que contamos con una resolución que noes entregó el Ministerio de Bienes Nacionales en 1985, entonces frente a eso estamos tranquilos, porque tenemos el peso de la historia y tenemos la verdad por delante”, destacó la dirigenta.

En tanto, el abogado Luis Acevedo se refirió a la defensa de los pescadores, indicando que  “lo que nosotros sostenemos es que esa norma en particular que permite el desalojo inmediato, antes de la sentencia de término, es inconstitucional para este caso en específico, porque vulnera la presunción de inocencia, por una parte, toda vez que se está buscando el desalojo antes de la sentencia y dos, porque vulnera el derecho a la vivienda de los pescadores que se encuentran en dicha zona, que además es parte del borde costero, y además vulnera el derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el lugar y los adultos mayores. Lo que corresponde ahora es que conozca el caso el Tribunal Constitucional y esperamos que acoja nuestra solicitud para impedir el desalojo, al menos hasta la sentencia de término, donde estamos seguros que nos va a ir bien”.

Por su parte, Damián Céspedes, uno de los demandados, señaló que “estamos dolidos y ustedes ven aquí a todos los compañeros de la caleta, vamos a tener que esperar qué se nos presenta el 5 de febrero, así que a seguir luchando y los brazos no se van a bajar así tan fácil”.

Frente a estos antecedentes y considerando que la caleta opera hace más de dos siglos, la diputada Nathalie Castillo expresó su respaldo a los pescadores, subrayando que esto no es un conflicto entre particulares, sino la afectación de un oficio protegido por la Ley de Caletas.

“No podemos permitir que se les trate como usurpadores cuando han habitado, trabajado y protegido este territorio desde mucho antes de la llegada de la inmobiliaria. La ley es clara: los terrenos son de utilidad pública y pueden ser expropiados para garantizar su continuidad. Aquí se debe defender no un negocio privado, sino la identidad, el oficio y los derechos históricos de nuestros pescadores artesanales de Puerto Manso”, afirmó.

La parlamentaria advirtió además que la inmobiliaria habría reducido el área operativa de la caleta, afectando el trabajo pesquero y los ecosistemas rurales.

“Nuestra tarea hoy es evitar un desalojo anticipado e injusto y exigir que, ante cualquier decisión judicial, se esclarezca la situación administrativa, territorial y comunitaria del lugar. No se puede desalojar una caleta activa, con historia, reconocimiento y respaldo legal. No se trata de un caso judicial: es un caso de dignidad, identidad y derechos. Por lo tanto, estaremos acompañando la defensa de un oficio tradicional, la soberanía alimentaria y el respeto que merece la pesca artesanal como patrimonio vivo de nuestro país”, concluyó la parlamentaria.

En tanto, el senador Daniel Núñez, quien también se encuentra apoyando a la comunidad pesquera que históricamente ha vivido y trabajado en el lugar, valoró que la justicia extienda el plazo en espera de los recursos, ya que “estamos resguardando los derechos constitucionales de la comunidad de Puerto Manso, porque no se puede despojar de sus viviendas a los pescadores artesanales que históricamente han habitado ahí, menos sin una sentencia. Lo que está haciendo la inmobiliaria también atenta contra la presunción de inocencia de los dos demandados, por lo que acudiremos al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos”.